La derecha repite el lugar común que regular las rentas destruye la oferta y perjudica a quienes busca proteger. Lo presenta como verdad económica, pero la experiencia internacional demuestra otra cosa: cuando la regulación tiene buen diseño, instituciones que la hagan cumplir y una política para ampliar la vivienda que la acompañe, contiene los abusos y cuida a las familias. En el artículo «El control de alquileres funciona y Portugal lo necesita«, publicado en Sin Permiso, Diogo Machado documenta que casi la mitad de los países de la Unión Europea aplica controles. Alemania limita los nuevos alquileres en zonas tensionadas a 10% por encima del índice regional, con excepciones para vivienda nueva y remodelaciones profundas. Los Países Bajos fijan máximos según superficie, ubicación, calidad y eficiencia energética, y cuentan con un tribunal al que pueden acudir los inquilinos ante cobros indebidos. El caso de Barcelona es contundente. Después de dos años, las rentas de los nuevos contratos disminuyeron 4.4%, con un ahorro promedio de 129 euros mensuales por hogar. En las zonas reguladas aumentaron apenas 0.7%, mientras que en los municipios sin límites crecieron 11%. Además, la oferta no desapareció: el parque de alquiler mantuvo un saldo positivo.
No son casos aislados. La revisión de 41 estudios empíricos citada en el mismo artículo encontró que 36 -el 88%- registraron reducciones significativas en las viviendas reguladas, con una disminución promedio de 9.4%. También aumentaron la estabilidad residencial y el ingreso disponible de los inquilinos. La Ley de Rentas Justas de Clara Brugada recoge las lecciones correctas: aumentos que no rebasen la inflación, contratos estables, registro público, una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias y más vivienda pública y asequible. No congela precios ni disuelve la propiedad privada; establece actualizaciones previsibles, obligaciones para ambas partes y mecanismos para hacer valer la ley. La evidencia también enseña que regular no basta. Hay que ampliar la reserva pública de suelo, construir más vivienda pública y facilitar la construcción de vivienda por privados cuando el precio final lo puede pagar la gente trabajadora de la ciudad. Ese es el camino integral que propone la transformación. La vivienda no puede tratarse como mercancía.
Publicado originalmente en Diario Basta

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM













