En la Ciudad de México casi dos millones de personas viven en una casa rentada. Detrás de esa cifra hay jóvenes que no pueden independizarse, familias que destinan hasta 40% de sus ingresos al alquiler y habitantes que ven cómo el barrio que construyeron se vuelve inaccesible. En las alcaldías centrales, las rentas se han multiplicado por cinco en dos décadas. No hablamos de una preocupación futura: hablamos de una emergencia que ya expulsa a la gente de su comunidad.
Frente a esta realidad, la Jefa de Gobierno Clara Brugada propuso la Ley de Rentas Justas. Su principio es sencillo: que las rentas no aumenten por encima de la inflación. También plantea contratos de al menos un año, una sola garantía para rentar, reglas contra la discriminación, un registro digital y una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias que brinde asesoría, mediación y defensa jurídica gratuita tanto a inquilinos como a propietarios.
La propuesta no congela las rentas ni desconoce la propiedad privada. Establece reglas claras para ambas partes y acompaña la regulación con más vivienda pública, social y asequible. Porque limitar los abusos es indispensable, pero también lo es ampliar la oferta para que haya casas disponibles a precios que la mayoría pueda pagar.
Sin embargo, mientras millones de personas piden certeza para conservar su hogar, el PAN recibe a bancos y grupos inmobiliarios que buscan modificar la iniciativa. Su propuesta es permitir que, al terminar un contrato, el precio pueda elevarse libremente para el siguiente inquilino. En los hechos, pretenden abrir una puerta trasera para burlar el límite de la inflación: basta cambiar de arrendatario para volver a disparar la renta.
Ahí está la diferencia entre los dos proyectos de Ciudad. Para la derecha, la vivienda es ante todo un negocio y la libertad consiste en cobrar lo máximo que soporte el mercado. Para nosotros, la vivienda es un derecho y la libertad significa que una familia pueda vivir sin miedo a ser expulsada porque su salario ya no alcanza.
Es tiempo de definiciones. Se está con quienes necesitan una vivienda o con quienes quieren convertir cada necesidad en una oportunidad de especulación. El mercado no puede decidir por sí solo quién merece permanecer en la Ciudad. Necesitamos reglas, más vivienda y un gobierno que defienda a la gente. No luchamos por el derecho a rentar caro: luchamos por el derecho de todas y todos a vivir la Ciudad.
Publicado originalmente en Diario Basta
